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Especial
E
l cabildeo es una práctica
añeja en todo el mundo.
La Real Academia
Española de la Lengua
define cabildear como "Gestionar
con actividad y maña para ganar
voluntades en un cuerpo colegiado
o corporación".
El peso que las empresas y
los gobiernos le dan al cabildeo es
impresionante: en Estados Unidos
se tienen registrados 10,458
despachos para hacer lobby, los
cuales reportan ganancias por
3,500 millones de dólares (Marta
Martínez, "Cabildeo: negocio de
políticos". Suplemento Enfoque,
No. 915, 6 de noviembre de 2011,
Reforma). El peso y la presión
ejercida por quienes cabildean
quedan en evidencia con lo que
ocurrió entre 2009 y 2010 en el
Parlamento Europeo.
A raíz de la discusión sobre
etiquetado de alimentos en la
Unión Europea, la Confederación
de Industrias de Alimentos y
Bebidas de la UE llevó a cabo "uno
de los esfuerzos de lobby más
grandes que ha visto Bruselas",
explicó la europarlamentaria
irlandesa Nessa Childers.
Señaló que ella y otros de sus
colegas parlamentarios fueron
"bombardeados con miles de
correos electrónicos, cartas y
llamadas telefónicas, al mismo
tiempo que la Confederación
promocionaba seminarios, reportes
y conferencias sobre la cuestión".
En 2009, la Confederación
dijo a las autoridades de Bélgica
(país donde se encuentra el
Parlamento Europeo), que había
pagado salarios por un monto
de 1,800,000 euros. Pese a todo
lo anterior, la misma aseguró
a la Comisión Europea (del
Europarlamento) que en 2009
había tenido gastos de cabildeo
de entre 200,000 y 250,000 euros
(Marco Appel, "Europa, cabildeo
empresarial oculto", revista
Proceso, http://www.proceso.com.
mx/?p=278487. Revisado el 17 de
agosto de 2011). En México se han
hecho intentos por transparentar
el cabildeo en el poder legislativo:
las dos cámaras del Congreso
de la Unión en sus reglamentos
internos abordan dicho tema. En la
de diputados está establecido que
se inscriban a un padrón quienes
llevan a cabo esta actividad,
mientras que en el senado no. En
ambas se pide a los legisladores
que se reúnan con lobbyistas para
elaborar un reporte sobre dichas
actividades para la mesa directiva
de la cámara correspondiente, y se
prohibe a los legisladores aceptar
cualquier tipo de dádiva o regalo.
Empero, todas estas normas no
tienen sanción alguna, por lo cual
no son seguidas.
Para el caso de la Cámara
de Diputados, se tiene un
registro de 554 cabilderos, 112
independientes y 442 inscritos
por algún grupo, principalmente
empresas con "intereses en la
industria tabacalera, refresquera,
cosmética, farmacéutica, editorial,
telefónica y bancaria". Entre
éstos se encuentran 43 cámaras,
asociaciones, confederaciones, 36
despachos y dos organizaciones
civiles. La Coparmex es la que
más cabilderos ha registrado: un
total de 28. De los 36 despachos,
llama la atención cómo en casi
todos hay ex legisladores y ex
funcionarios públicos, en su mayoría
provenientes de las secretarías de
Hacienda, Gobernación, Salud,
así como de la Presidencia de la
República (Marta Martínez, op. cit.).
Lo anterior es un ejemplo
clásico de la `puerta giratoria'
(revolving door): funcionarios
públicos que luego pasan a
ser parte del sector privado,
y miembros de las empresas
que posteriormente pasan a
puestos públicos. Siendo México
catalogado en el lugar número 100
(de 182) dentro del ranking mundial
de corrupción, y ante las recientes
evidencias presentadas por
Greenpeace México de colusión
entre la empresa española Hansa
y la Semarnat en el caso de Cabo
Pulmo, es innegable la sospecha
que generan estas prácticas:
¿la mayoría de los cabilderos
velarán por el interés general, o
actuarán sin importar en qué lugar
estén, en función del beneficio
de aquellos que tanto dinero les
pagan? La respuesta a partir de
casos como el de Cabo Pulmo es
lamentablemente obvia.
Es indispensable que se
transparenten las acciones de los
cabilderos en los tres poderes de
la Unión, y se rindan cuentas
del monto pagado a ellos por
las empresas, por una cuestión
de transparencia y acceso a la
información pero, sobre todo,
para que ese monstruo de mil
cabezas tenga nombre, apellidos
y se le haga responsable cuando
sus intereses vayan contra el
bien común.